La Diputada Federal Lorena Villavicencio @villavicencio18, presentó un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia urgente del encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán
POR LA ABERRANTE SENTENCIA
DICTADA CONTRA EL EX GOBERNADOR DE
VERACRUZ, JAVIER DUARTE, QUIEN EN LUGAR DE GARANTIZAR LA PROCURACIÓN DE
JUSTICIA, LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA FEDERACIÓN, HIZO UN ACUERDO OSCURO CON
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y EL
(IMPUTADO), LO CUAL LO CONVIERTE DE HECHO EN SU DEFENSOR PÚBLICO.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso diversas denuncias derivadas de la revisión de las cuentas públicas correspondientes a los años 2011-2015, en las que se detectó un endeudamiento de casi 100 mil millones de pesos y un daño patrimonial de cerca de 12 mil millones de pesos.
Con fecha 15 de abril de 2017, Javier Duarte fue detenido y extraditado de la República de Guatemala, derivado de diversas órdenes de aprehensión de la Procuraduría General de la República por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Existen diversas omisiones en este proceso penal en contra del C. Javier Duarte por parte de la Procuraduría General de la República, ya que la PGR NO incluyó en la investigación contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, la denuncia que el Departamento Jurídico de la ASF presentó en su contra por presuntos desvíos de diversas dependencias durante su primer año de gobierno.
Dicha omisión provocó que no se pudiera acreditar el delito de delincuencia organizada.
En efecto, la PGR argumentó que debido a la dificultad para configurar el delito de delincuencia organizada en contra de Javier Duarte, determinó reclasificar el delito en su contra por los de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, reclasificación que benefició indebidamente a Javier Duarte.
Esta reclasificación de los delitos permitió que se aplicara el procedimiento abreviado contemplado en el código nacional de procedimientos penales previsto en el artículo 201 tiene como requisitos indispensables, a saber: que admita su responsabilidad por el delito que se le imputa en la comisión del (hecho considerado por la ley como delito y el otorgamiento, en consecuencia, de beneficios a su favor en los términos que disponga la citada ley
El procedimiento abreviado que se solicitó en el caso del ex Gobernador de Veracruz se trata de una figura procesal que se actualiza a petición del Ministerio Público de la Federación en este caso.
Las causas que motivan al Ministerio Público a solicitar el procedimiento pueden ser muchas y no tiene la obligación legal de hacerlas públicas, por lo que existen muchas dudas y preguntas del por qué la PGR aceptó este procedimiento abreviado y cuáles fueron los motivos de continuar el proceso por esta vía.
Esta vía permitió que el juez condenara a Duarte a 9 años de prisión pues el juzgador no puede ir más allá de la petición del Ministerio Público de la Federación y decretó el decomiso de alrededor de 41 inmuebles relacionados con las operaciones ilícitas y al pago de una multa de $60 mil pesos, lo cual nos parece una violación grave a la ley y una clara intención de ayudar al ex gobernador a pesar de que se habla de un desvío de recursos públicos por un monto de 1800 millones.
Si se acreditó este hecho por qué no lo acusaron de peculado, en el cual se obliga al sentenciado a la reparación del daño, porque no hubo una acusación mayor para por ella solicitar la extradición: Por qué utilizan tipos penales difíciles de acreditar como lo es la delincuencia organizada.
Aquí las dudas surgen respecto del por qué la PGR decidió acudir a este procedimiento abreviado, pareciendo con ello ser el defensor público de Duarte.
Asimismo, se debe cuestionar a la PGR por qué no lograron articular una acusación sólida y no tenía los elementos sólidos del delito de delincuencia organizada y por qué omitió las denuncias de la ASF que otorgaban elementos para ese delito.
Es grave el actuar de la PGR ya que lesiona seriamente el estado de derecho, al omitir responsabilidades tal como cuidar el patrimonio de los veracruzanos, dejando impune los graves delitos cometidos por Javier Duarte. Vulnerando asimismo el principio de publicidad al que está sujeto el sistema penal acusatorio.
Repito por qué integraron mal la carpeta de investigación, sin tomar en cuenta elementos de la Auditoría Superior de la Federación, por qué delitos muy difíciles de acreditar, cuando se podía encuadrar sus conductas en el delito de peculado, garantizando la reparación del daño y además impedir el derecho a un juicio abreviado, y con una sentencia suficientemente fuerte proporcional al daño ocasionado.
Queremos saber qué negoció el encargado de Despacho, con Hacienda y con el ahora sentenciado.
Si las propiedades incautadas cubren el monto de lo desviado y cuál es la lista de propiedades.
Los mexicanos no podemos aceptar una determinación que pone en grave cuestionamiento el proceder de la Procuraduría General de la República por eso exigimos que comparezca y aclare, y en su momento, determinaremos las actuaciones que proceden contra las graves omisiones y la deficiente actuación de quien tienen la representación de la sociedad.
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